Urgente. Consejo de Estado tumba competencia de las Terminales para sancionar Empresas de Transporte. Hubo exceso del Gobierno en uso de facultad reglamentaria.

15.08.2018.7

El Consejo de Estado, en sentencia de nulidad, dio la razón a ASOTRANS que, como entidad gremial siempre defendió la posición de las empresas, sobre el argumento de que las terminales, mediante su manual operativo, no podían sancionar a las empresas de transporte, por cuanto dicha competencia tenia que ser regulada por el legislador y no por el gobierno.

Mediante sentencia del CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018), Radicación núm.: 11001 0324 000 2010 00404 00, Actor: José María López Cuellar, hubo pronunciamiento de fondo en contra de la competencia de las terminales de transporte del país para imponer multas a las empresas de transporte, basadas en el artículo 19 del Decreto 2672 de 2001.

El Consejo de estado en sus considerandos manifiesta que “para el pronunciamiento sobre la petición de nulidad de la disposición acusada, la Sala observa que los cargos de la demanda y los argumentos de la defensa coinciden expresamente en aceptar que con la expedición del artículo 19 del Decreto 2762 de 2001, el Ministerio de Transporte estableció un régimen de sanciones para las empresas de transporte y los propietarios de los vehículos vinculados a esas empresas, que incumplan con las obligaciones o incurran en las prohibiciones allí previstas, las cuales deberán ser impuestas por el Gerente del Terminal de Transporte, según el procedimiento dispuesto en el Manual Operativo de cada Terminal.

Siendo ello así, la discrepancia radica esencialmente en el alcance de la potestad reglamentaria de la que es titular el Ministerio de Transporte para la expedición del artículo 19 del Decreto 2762 de 2001, en el sentido de determinar si con tal norma se está vulnerando el principio de reserva legal y el debido proceso.”

Más adelante dijo: “La sumisión del acto administrativo reglamentario a la ley es absoluta y por lo mismo, se trata de decisiones necesitadas de justificación, con posibilidades restringidas en el campo de la regulación, lo cual explica que su ámbito de acción sea restringido y que, por lo mismo, no tengan la fuerza suficiente para derogar, subrogar o modificar un precepto legal, ni mucho menos para ampliar o limitar su alcance o su sentido. Lo anterior explica su carácter justiciable, pues es claro que la administración no puede contradecir los mandatos del legislador, ni suplir la Ley allí donde ésta es necesaria para producir un determinado efecto o regular cierto contenido”.

Por lo cual el Consejo de estado concluye: “Es evidente que el Ministerio de Transporte no ostentaba en manera alguna la atribución para regular el régimen sancionatorio en los Terminales de Transporte, pues si bien, el parágrafo 2º del artículo 17 de la Ley 105 de 1993, lo habilitó para determinar la política en cuanto a la regulación, tarifas y control operativo en tales entes, no es menos cierto que ello no puede considerarse argumento suficiente para invadir de órbitas propias del Legislador”.

En el contexto descrito, la Sala encuentra plenamente acreditadas las razones que desvirtúan la presunción de legalidad del artículo 19 del Decreto 2762 de 2001, proferido por el presidente de la República y el Ministro de Transporte, razón que lleva a que se declare la nulidad como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del artículo 19 del Decreto número 2762 del 20 de diciembre de 2001, expedido por el presidente de la República y el Ministro de Transporte, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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