Frente al fallo de nulidad del Consejo de Estado abogados de organizaciones gremiales conceptuaron que puede iniciarse acción de grupo para pedir devolución de dineros indebidamente pagados

16.08.18 1

Terminales deben declarar nulidad de procesos vigentes, incluyendo los iniciados por jurisdicción coactiva, o en los casos en que habiendo decisión de la terminal no se haya pagado.

El fallo proferido por el Consejo de Estado, donde se anula el artículo 19 del Decreto 2762 de 2001, que quita a las terminales la competencia para sancionar a las empresas de transporte con base en el manual operativo, genera una serie de consecuencias jurídicas muy importantes, entre ellas, la pérdida de competencia automática, por tratarse de una decisión de única instancia, frente a la cual no hay recursos. Por tanto, todos los procesos o actuaciones que se adelanten desde hoy quedan afectados por el vicio de la nulidad, en consecuencia, los procesos en curso deberán archivarse.

Por otro lado, las empresas deben iniciar de manera inmediata, la conformación de un grupo jurídico que prepare los documentos y presente la acción de grupo en cada terminal donde las empresas hayan resultado afectadas con el cobro de multas, con base en la disposición anulada, para lo cual una vez integrado el equipo jurídico deben proceder a solicitar que la terminal devuelva las sumas de dinero indebidamente cobradas y pagadas, en calidad de perjuicios, con los debidos intereses o las cuantías indexadas.

Las acciones populares y de grupo, regladas por la Ley 472 de 1998, “están orientadas a garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, así como los de grupo o de un número plural de personas.” Específicamente las acciones de grupo Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personasLa acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios.”

El artículo 4º de la Ley 472/98, señala cuáles son los derechos colectivos, subrayando, entre otros, “los derechos de los consumidores o usuarios”. En este punto, las empresas como usuarias de las terminales, en calidad de servicios conexos, pueden invocar este tipo de protección, reclamando los perjuicios que se les hayan causado, como consecuencia de las acciones ilegales adelantadas por las terminales que, además, fueron advertidas en muchos de los procesos y en las discusiones mantenidas en todo el territorio nacional. Podrán presentar acciones de grupo las personas naturales o jurídicas que hubieren sufrido un perjuicio individual conforme lo establece el artículo 47 de la ley 472/98. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas. La jurisdicción civil ordinaria conocerá de los demás procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo.

En cuanto se refiere a las acciones de clase o de grupo, hay que señalar que éstas no hacen relación exclusivamente a derechos constitucionales fundamentales, ni únicamente a derechos colectivos, toda vez que comprenden también derechos subjetivos de origen constitucional o legal, los cuales suponen siempre - a diferencia de las acciones populares - la existencia y demostración de una lesión o perjuicio cuya reparación se reclama ante el juez. En este caso, lo que se pretende reivindicar es un interés personal cuyo objeto es obtener una compensación pecuniaria que será percibida por cada uno de los miembros del grupo que se unen para promover la acción. Sin embargo, también es de la esencia de estos instrumentos judiciales, que el daño a reparar sea de aquellos que afectan a un número plural de personas que por su entidad deben ser atendidas de manera pronta y efectiva.

No obstante que las normas legales señalan otras acciones judiciales y administrativas, este procedimiento puede ser el más rápido e inmediato para solucionar la actual situación jurídica.

(Ver Sentencia C-215/99)

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