El nuevo siglo. La visión de la ONG sobre Colombia. AI: acuerdo de paz, no desescaló el conflicto.

23.02.18 3

La población civil (pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, así como defensores y defensoras de los derechos humanos), sigue siendo la más afectada por el conflicto armado.  La firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, no ha sido suficiente para bajar el impacto de la violencia en el país. Por el contrario, el conflicto armado se intensificó en algunas zonas de Colombia como consecuencia de los enfrentamientos armados entre guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (Eln), grupos paramilitares y fuerzas del Estado que trataban de llenar el vacío de poder provocado por la desmovilización de las Farc.

De acuerdo con el informe de Amnistía Internacional (AI), referente al periodo 2017-2018, varios hechos se han presentado desde la firma de los acuerdos. Menciona el organismo que el 27 de noviembre, trece personas murieron como consecuencia de un enfrentamiento entre disidentes de las Farc y miembros del Eln en Magüí Payán (Nariño). “Se registraron quejas sobre la débil presencia del Estado en zonas históricamente controladas por las Farc, una debilidad que facilitaba las incursiones de otros grupos armados ilegales y el control por parte de esos grupos, poniendo en peligro a las comunidades afrodescendientes y campesinas y a los pueblos indígenas”, indica el informe.

Paramilitares. Asimismo indica el reporte que las estructuras paramilitares seguían activas en varias partes del país, pese a su supuesta desmovilización, según los términos de la Ley 975 aprobada en 2005. En ese sentido, según el análisis de AI, “hubo noticias de ataques paramilitares y amenazas contra líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en Antioquia.  El 29 de diciembre, unos hombres armados intentaron matar a Germán Graciano Posso, el representante legal de la comunidad. Otros miembros de la comunidad desarmaron a los agresores, pero sufrieron heridas en ese proceso”.

En ese episodio, relata el informe que la Comunidad de Paz había tratado de distanciarse del conflicto armado, al negar formalmente la entrada a su territorio de las fuerzas de seguridad del Estado y de los grupos guerrilleros o paramilitares. Pese a sus esfuerzos por mantenerse neutrales, las personas que vivían en San José de Apartadó seguían siendo víctimas de ataques, torturas, abusos sexuales y desplazamientos forzados a manos de todas las partes enfrentadas. En este mismo sentido “hubo denuncias de incursiones paramilitares en el departamento del Chocó, en el noroeste de Colombia, que afectaron especialmente a comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas”. Señala que el 8 de febrero, un grupo de paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ingresó en la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza en Dios, situada en la cuenca del río Cacarica del Chocó, en busca de varias personas que figurarían en una “lista negra”.

De otro lado, el 6 de marzo se informó de una incursión en la localidad de Peña Azul, municipio de Alto Baudó (Chocó), que provocó el desplazamiento a gran escala de familias y el confinamiento forzado de muchas personas en sus comunidades cercanas al lugar. Posteriormente el 18 de abril, los residentes de Puerto Lleras, en el territorio colectivo de Jiguamiandó (Chocó), denunciaron haber recibido amenazas y una incursión paramilitar en la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo que puso en peligro a todos los habitantes del lugar.

Antecedentes. Sostiene el análisis que el 11 de octubre, la Corte Constitucional avaló el acuerdo de paz ratificado el 24 de noviembre de 2016 por el gobierno colombiano y las Farc. Sin embargo, al finalizar 2017, aún no se había implementado la legislación relativa a la mayoría de los puntos del acuerdo de paz. En otras negociaciones mantenidas en Quito, Ecuador, entre el grupo guerrillero Eln y el gobierno colombiano, las partes declararon el 4 de septiembre que “el 1 de octubre entraría en vigor un cese al fuego bilateral que se mantendría hasta principios de 2018”. El cese al fuego se declaró en principio por un periodo de cuatro meses, tras el cual el gobierno colombiano y el Eln comenzarían a debatir su posible acuerdo de paz. Sin embargo, a partir de octubre, hubo varias denuncias de ataques del Eln contra civiles, que contradecían el acuerdo de cese al fuego.

El Eln admitió un ataque de ese tipo: la muerte de Aulio Isaramá Forastero, líder indígena del Chocó, el 24 octubre a manos de miembros del Eln. Las organizaciones de la sociedad civil del departamento del Chocó hicieron un llamamiento en reclamo de un “Acuerdo Humanitario Ya”, dirigido al gobierno nacional y a los guerrilleros del Eln, para implementar acciones humanitarias concretas que impidieran que los enfrentamientos en sus territorios siguieran poniendo en peligro a las comunidades étnicas del Chocó.

 Fuerzas del Estado. El organismo internacional (AI) menciona que, hubo varias acusaciones de homicidios deliberados cometidos por fuerzas del Estado y denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en protestas en el Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Catatumbo. Los habitantes de Buenaventura, en la costa del Pacífico, denunciaron la represión policial de manifestaciones pacíficas en el marco del “paro cívico” declarado el 16 de mayo, para exigir que el gobierno colombiano garantizara los derechos económicos, sociales y culturales, además del derecho de los residente en la ciudad a participar en la implementación del acuerdo de paz con las Farc.

En la zona estaba presente personal de la policía, el ejército y la marina y denunciaron que se había empleado gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos.  El defensor del Pueblo denunció que aproximadamente 205 niños y niñas, así como diez mujeres embarazadas y diecinueve personas de edad avanzada, habían sufrido problemas de salud como consecuencia de ese uso. Así, 313 personas reportaron problemas de salud como consecuencia de su exposición al gas lacrimógeno y dieciséis con heridas de bala o traumatismos por golpes con objetos contundentes. El “paro cívico” concluyó el 7 de junio.

Defensores de derechos humanos. Sostiene el informe de Amnistía que “los defensores y defensoras de los derechos humanos seguían siendo víctimas de amenazas y homicidios selectivos. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reportó que al menos 105 defensores y defensoras de los derechos humanos habían sido víctimas de homicidio en Colombia en el transcurso del año”. Sostiene el organismo que “persistía la preocupación por el aumento del número de ataques contra estas personas, especialmente líderes comunitarios, defensores y defensoras del derecho a la tierra, el territorio y el medio ambiente, y quienes participaban en campañas a favor de la firma del acuerdo final con las Farc. Seguía habiendo una tasa alarmante de ataques a defensores y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, las comunidades campesinas y las mujeres, lo cual ponía en duda la implementación del acuerdo de paz”. Según la organización Somos Defensores, el número de homicidios de defensores y defensoras aumentó un 31% en la primera mitad del año, en comparación con el mismo periodo de 2016. Muchas de las amenazas de muerte dirigidas contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra otros activistas, se atribuyeron a grupos paramilitares; pero en la mayoría de los casos de homicidio era difícil identificar a los grupos responsables.

Sin embargo, la naturaleza de la labor que desempeñaban las víctimas, muchas de ellas líderes comunitarios o activistas que defendían los derechos sobre la tierra o los derechos medioambientales, indicaba que era posible que varias de ellas hubieran muerto por su trabajo en el ámbito de los derechos humanos. Además, parecía que los intereses económicos y políticos regionales y locales, así como diversos grupos armados, incluidos los paramilitares, percibían como una amenaza las denuncias de abusos.

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