El Espectador. Las inversiones del estado en empresa valen $70 billones. ¿Debería salir de ellas? la mayor porción está en Ecopetrol.

09.08.2018.2

El Estado tiene participación en 109 empresas. Analistas recomiendan revisar con cuidado cuáles de éstas resultan rentables y cuáles deberían salir del portafolio de negocios de la nación. Para salir del apretón fiscal que tiene el país se considera que el Gobierno podría echar mano de alguna participación accionaria que tiene en varias empresas, que no son muy estratégicas para la economía. Actualmente, la nación tiene un portafolio de 109 compañías y participaciones que representan un valor patrimonial superior a los $70 billones, destaca un informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

“Los sectores de hidrocarburos, financiero y energético concentran el mayor valor de estas empresas, donde Ecopetrol representa más del 60 % del patrimonio total del portafolio”, precisa el estudio. Varios analistas de la academia, del sector empresarial y del mercado financiero consideran que el Estado debe dejar la administración a la inversión pública y canalizar esos recursos para el desarrollo del país. “Debe salirse de todas. El Estado es un ente regulador, coordinador, no debe participar en las empresas y debería dejarle eso al sector privado”, sostiene Jorge Enrique Rodríguez, director de posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Libre.

Del portafolio, que menciona Planeación Nacional, el Estado tiene control en 39 empresas, bien sea porque es el único propietario o porque cuenta con más de 50 % de la propiedad accionaria. Consigna el informe, además, que las compañías en las que el Estado aparece como socio o propietario se concentran en los sectores de petróleo, gas, energía, finanzas y seguros. La mayor parte del valor patrimonial, cerca del 90 % de todo el portafolio, está en sólo 10 empresas. Por ahora, la administración Santos dejó todo listo para la enajenación de las acciones en Colombia Telecomunicaciones (COLTEL). “El proceso le corresponderá al próximo gobierno concluirlo”, dijo el ahora exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. El Estado colombiano es propietario del 32,5 % de las acciones de COLTEL y ha establecido un programa de enajenación que concluirá la primera semana de octubre de este año. En este proceso, la nación espera obtener una cifra cercana a los $2,4 billones.

Por su parte, Planeación Nacional considera que la nación está en mora de realizar un análisis para determinar los activos de su portafolio que son estratégicos. Hoy se mantienen participaciones que presentan bajos rendimientos y cuya administración genera costos y riesgos, señala el estudio. El sector privado es mucho más eficiente en la asignación de los recursos y en su control, considera Jorge Enrique Rodríguez. “Hay empresas que son muy sensibles en las que el Estado debería mantener participación mayoritaria, como con algunas de servicios públicos”, dice el analista de la Universidad Libre. “En ellas sí podría actuar, pero en otras no, porque es más eficiente el sector privado, como en Ecopetrol”, argumenta Rodríguez.

El Estado puede mantener la propiedad sobre empresas cuando el objetivo se asocia a atender políticas públicas, proteger e impulsar determinados sectores claves, solucionar fallas de mercado y atender asuntos de soberanía o independencia nacional, consideran los técnicos de Planeación Nacional. Recuerdan analistas que el proceso de enajenación de empresas estatales y vinculación de capital privado, que se inició en la década de 1990, contribuyó al saneamiento de las finanzas públicas y propició un mayor desarrollo del mercado de capitales. Las participaciones de Ecopetrol e Interconexión Eléctrica (ISA) en el índice de capitalización bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia aumentaron de manera significativa, recuerda Planeación Nacional.

“En el caso de ISA, el Estado debe, mediante regulación de normas, establecer cómo sería el comportamiento y qué debe reportarle al Estado en funcionamiento”, sostiene Rodríguez. Admite que las empresas de acueductos, que son vitales por el tema del agua, deben tener una participación estatal mayoritaria, pero no total. El mismo Gobierno considera que el Estado debe aparecer como dueño de algunas empresas cuando sea en sectores estratégicos para la economía y el desarrollo del país. Con participación accionaria estatal mayor a 90 %, hay 24 empresas; entre 50 y 60 % son 18; entre 10 y 50 % unas 34, y menor al 10 % por lo menos 45.

Privatización de Ecopetrol. “La venta de Ecopetrol en todo o en parte tiene sentido, tomando una serie de cautelas”, sostiene Jorge Humberto Botero, que como presidente de FASECOLDA hizo la más reciente propuesta para que el Estado se desprenda del total o parte del 88 % de las acciones que la nación tiene en Ecopetrol. Se estima que la empresa petrolera colombiana vale cerca de US$2.500 millones, según el presidente de ANIF, Sergio Clavijo. Pero se puede privatizar sólo Cenit, que es la segunda empresa colombiana después de Ecopetrol. “Uno pensaría que ese activo (Ecopetrol) podría ser privatizado para generar desarrollo económico, sobre todo en la Colombia que carece de infraestructura”, señala el dirigente gremial. Clavijo recordó que la propuesta de la venta de las acciones del Estado en Ecopetrol se la hizo a la segunda administración de Uribe, “sólo que en ese momento les pareció que no era procedente”. Para Botero la venta de Ecopetrol es una propuesta enteramente bien hecha que queda a disposición del gobierno de Iván Duque. “El ministro (de Hacienda, Alberto) Carrasquilla la conoce y dijo que la iba a considerar en el Gobierno”, indicó el presidente de FASECOLDA.

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