El país. Estos fueron los escándalos que empañaron la imagen de santos en la presidencia

10.08.18 10

Odebrecht. Rafael Silva, director del Centro de Ética y Democracia de la Universidad Icesi, considera que el escándalo más grande que debió enfrentar Juan Manuel Santos durante sus ocho años de gobierno es el conocido como el caso Odebrecht. “Fue un escándalo de corrupción político-administrativa que ligaba lo público con lo privado... En muchos países de América del Sur sus dirigentes estuvieron involucrados en ese caso y algunos de ellos fueron depuestos de sus cargos como el presidente del Perú, Pablo Kuczynski. En Colombia no ha tenido las mismas consecuencias de otras latitudes”, opina Silva.

Similar apreciación tiene el politólogo Juan Carlos Ruiz Vásquez, profesor titular de la Universidad del Rosario. “Se dijo que había habido financiación ilegal, el gerente de la campaña está en la cárcel, pero él (Santos) no ha sido tocado. A diferencia del Perú donde cuatro expresidentes están cursos en acciones legales penales, en Colombia ni Óscar Iván Zuluaga ni Santos fueron tocados. Pareciera que Colombia es el país más débil en este tipo de procesos”. El lío solo de financiamientos ilegales a las campañas electorales sino de los sobornos realizados por la constructora brasileña para que se le adjudicaran contratos de la Ruta del Sol, fue destapado por EE. UU., comenta Ancizar Marroquín, director del Instituto de Altos Estudios para la Gestión Pública: “El representante legal de la multinacional reconoce que aportó a las dos campañas electorales: a la de Óscar Iván Zuluaga y a la de Juan Manuel Santos. Eso causó conmoción en la opinión pública”.

El caso Odebrecht se ha ido develando como por capítulos de telenovela. Uno de los de mayor ‘rating’ fue cuando el exsenador Otto Bula en una declaración ante la Fiscalía reveló que recibió coimas por US$4,6 millones de la constructora, y US$1 millón tuvo como destinatario a Roberto Prieto, gerente de la campaña para la reelección de Santos en 2014. Aunque el presidente negó tener conocimiento de estas acciones, personajes como el expresidente Andrés Pastrana pidieron su renuncia. La telenovela siguió dando qué hablar por sus bochornosos capítulos que involucraron a funcionarios del Gobierno Santos y amigos de este, como al director de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Luis Fernando Andrade, a quien la Fiscalía acusó de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falso testimonio y ocultamiento y destrucción de material probatorio. Hoy tiene casa por cárcel.

Roberto Prieto, amigo de Santos y su gerente de campaña, quien es investigado por supuestos actos de corrupción en la adjudicación de contratos de la Ruta del Sol III y por haber sabido del aporte de dineros de la multinacional Odebrecht a su campaña en 2010, está recluido en la cárcel La Picota.  También han sido protagonistas de esta trama las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez. Supuestamente, a Álvarez, un ejecutivo de Odebrecht la sobornó para que agilizara el contrato Ocaña- Gamarra, y, además, presuntamente, ella no se mostró impedida y favoreció con un trazado de la vía a la familia de su pareja Gina Parody. Sin embargo, en junio pasado la Fiscalía archivó el proceso de investigación. Según el fiscal encargado no se recopilaron pruebas que demostraran los supuestos delitos, como tampoco que las exministras se hubieran beneficiado con el mencionado proyecto.

Varios funcionarios del Banco Agrario también han hecho parte de este ‘culebrón’, por prestar, sin garantía de pago, $120.000 millones a la constructora Odebrect, propietaria del 86 % de la firma Navelena. Hasta el momento el presidente Santos ha salido incólume y se ha mostrado como el ‘protagonista bueno’ de esta telenovela de corrupción.

 

Relaciones peligrosas. El presidente estuvo en el ojo del huracán muchas veces porque personajes muy cercanos a él, como el gerente de su campaña, Roberto Prieto, y aliados políticos, como Bernardo ‘Noño’ Elías fueron involucrados en los más sonados episodios de corrupción en el país durante su Gobierno. Como se recordará, en el 2014, el exsenador tuvo la segunda votación más alta de La U, el partido del mandatario, y uno de sus fuertes aliados para que lograra los votos que le permitieron su reelección.  El ‘Ñoño’ Elías fue llamado ‘el hombre de Odebrecht en el Congreso’. Al parecer, recibió $16.000 millones por cuenta de chantajes pagados por la multinacional para que ayudara a allanar el camino (cooptar a colegas del Congreso) con el fin de que se le adjudicara a la firma contratos billonarios y le mejoraran las condiciones de sus negocios en Colombia. El conducto para recibir esta suma fue su compadre Otto Bula, quien lo señaló de hacer parte del bochornoso caso. El líder de la ´Ñoño manía’ manifestó que no recibió $16.000 millones sino $11.000 millones y que una parte de estos recursos los invirtió en implementos deportivos, actividades culturales, sociales y compra de equipos para la comunidad de Sahagún, su pueblo natal, y en financiar campañas políticas. Por haber delatado a otros implicados en el caso, logró una sentencia en primera instancia de seis años por los delitos de cohecho y tráfico de influencias. La Corte Suprema le sigue un proceso por concierto para delinquir y lavado de activos.

Papeles del Paraíso. La escena política nacional se sacudió a finales de 2017 cuando apareció el nombre de Juan Manuel Santos como uno de los 127 líderes internacionales vinculados a sociedades en paraísos fiscales, de acuerdo con la investigación ‘Paradise Papers’ (Papeles del Paraíso) realizada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ). Santos es mencionado como director de dos sociedades ‘offshore’ (las que están registradas en un país en el que no realizan ninguna actividad económica). Según la información, las empresas relacionadas con Juan Manuel Santos tienen sede en Barbados, considerado un refugio fiscal en el Caribe. En Nova Holding Company, el Mandatario figura como director en el 2000, año en el que se desempeñaba como ministro de Hacienda de Andrés Pastrana. El informe también señaló que en los registros de Global Tuition & Education Insurance Corp, una sociedad aseguradora exenta de carga fiscal, aparece como director, un cargo que quedó luego en manos de la familia de César Gaviria. “Me invitaron a ser parte de la junta de Global y participé como miembro por poco tiempo, hasta cuando asumí como ministro de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana. Desconozco por qué aparezco como miembro de la junta dos años después. Me imagino que se demoraron en registrar oficialmente los cambios”, indicó en su momento. Y agregó que su única relación con Global desde entonces ha sido la de un cliente más de sus seguros para la educación de sus tres hijos. Para evitar más suspicacias el 6 de noviembre de 2017 el presidente publicó su declaración de renta de 2015 y 2016. En esta última, él aparece con un patrimonio bruto de $6.446.460.000 y con deudas que ascienden a $1.138.000, al tiempo que ese año recibió como empleado la suma de $515.729.000.

Reforma a la Justicia. En junio de 2012, debido a la presión de las redes sociales y de líderes de opinión, el presidente Juan Manuel Santos debió salir a rechazar los ‘micos’ del articulado de la polémica Ley de Reforma a la Justicia. Entre estos, uno que le quitaba competencia a la Fiscalía para investigar penalmente a personas aforadas; otro en el que el Congreso se otorgaba la doble instancia y uno que eliminaba causales de pérdida de investidura. Jorge Robledo, senador del Polo, calificó el articulado como “un engendro”, que le otorga “más poder al presidente Santos y a los congresistas”.No tenemos, ni mis funcionarios ni yo culpa alguna en nada de lo que ocurrió en materia de la inclusión de textos inapropiados y de implicaciones gravísimas en relación con el proyecto”, dijo el ministro Juan Carlos Esguerra (foto), encargado de conciliar la ley en el Congreso, durante la rueda de prensa en la que informó sobre su renuncia. No obstante, expresó que tenía claro que a “los funcionarios públicos y funcionarios de Gobierno nos corresponden responsabilidades políticas y en este caso, desde luego, esos mismos principios me implican que yo debo asumir esa responsabilidad política que es lo que ha determinado que le presentara con carácter irrevocable mi renuncia al señor presidente”. Santos no tuvo más remedio que manifestar horas después que Esguerra era “un gran ser humano, un gran jurista, un gran ministro (...). Lamento que su renuncia sea irrevocable”.

Reficar, el detrimento patrimonial más grande en la historia del país. El sobrecosto de US$2400 millones en la ampliación de la Refinería de Cartagena, Reficar, fue calificado por el contralor Edgardo Maya, a finales de 2015, como “el detrimento patrimonial más grande en toda la historia de Colombia”. Esa extraordinaria suma en su momento, equivalía, como lo aseguró la Revista Semana, “a seis veces más el costo de la modernización y ampliación del aeropuerto El Dorado” o “1,5 veces el canal de Panamá, una de las obras de infraestructura más costosas de América Latina”. O como lo explicó el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, “el peculado en Reficar fue de 18 veces Odebrecht”. De acuerdo con la Controlaría General de la República hubo feria de contratos, retrasos en la entrada en operación y una estrepitosa caída de la rentabilidad que se esperaba, lo que causó multimillonarias pérdidas a la refinería cartagenera y al Estado Colombiano, ya que esta compañía pertenece a Ecopetrol.

El presidente Santos acusó de los sobrecostos a las administraciones de Álvaro Uribe y este ripostó enseguida que con bastante orgullo Santos había inaugurado la planta y que las irregularidades se debieron extender de 2010 en adelante. La Fiscalía anunció en abril de 2017 las primeras imputaciones de cargos por los sobrecostos de $610.140 millones en la ampliación de la refinería contra Orlando José Cabrales, presidente de Reficar entre 2009-2012; Reyes Reinoso Yáñez, presidente 2012-2016; Felipe Laverde Concha, vicepresidente jurídico 2009-2017, Pedro Alfonso Rosales Navarro, vicepresidente ejecutivo del Downstream de Ecopetrol 2008, entre otros. Lo de Reficar, asegura el analista Rafael Silva, docente de la Universidad Icesi, es un hecho extremadamente lamentable para el país, uno de los fenómenos de corrupción más grandes, pero, desafortunadamente, la opinión pública no lo afrontó con la importancia que un fenómeno de estos debe tener, no lo ha valorado ni lo ha entendido muy bien.  Y ese es un elemento sobre el cual el gobierno Santos ni el Gobierno anterior han querido darnos respuestas acerca de lo acontecido en este caso, porque hasta donde nosotros sabemos, tanto el gobierno de Uribe como este ha tenido su parte en esa debacle”.

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