El nuevo siglo. Ultimátum de la Jep a 31 integrantes de Farc

14.09.18 4

Son 31 los líderes desmovilizados llamados a reiterar su compromiso con el acuerdo de paz. En medio de los llamados de la Misión de las Naciones Unidas, del Gobierno y de diversos sectores de la sociedad, ante la desconfianza generada por el desconocido paradero de varios jefes guerrilleros desmovilizados, ayer la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se pronunció. Reiterar su compromiso con el acuerdo de paz tras la desaparición de varios excomandantes guerrilleros, les pidió a los líderes del partido Farc la JEP. La Jurisdicción “produjo un auto para notificar a comparecientes de las Farc que en 10 días presenten un informe en el que reiteren su compromiso con el proceso de paz”, dijo en rueda de prensa la presidenta de la JEP, Patricia Linares. Más adelante explicó que la notificación va dirigida a 31 dirigentes de la otrora guerrilla comunista que están vinculados a un proceso sobre secuestros, el primero que abrió esta jurisdicción contra las Farc.

Efectivamente, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de los Hechos y Conductas (SRVR) de la JEP notificó a los 31 comparecientes vinculados al caso 001 (retenciones ilegales por parte de las Farc-EP) de su obligación de presentar un informe individual y personal ante la JEP. En ese informe, los comparecientes deben reiterar su compromiso con el proceso de paz, describir detalladamente las actividades que han desarrollado en el marco de su reintegración a la vida civil y relatar si han realizado labores humanitarias relativas a la ubicación de restos. El auto de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad reitera que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del cual hace parte la JEP, está regido por principios como el reconocimiento de verdad plena sobre lo ocurrido en el conflicto armado, el reconocimiento de responsabilidad y la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Entre los considerandos para notificar a los 31 comparecientes, el auto señala que el pasado 6 de septiembre la Misión de Verificación del Proceso de Paz de la ONU informó que “seis dirigentes de cuatro Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y de un Nuevo Punto de Reagrupamiento (NPR), en el suroriente del país tomaron la decisión de dejar estos espacios y abandonar sus responsabilidades con aproximadamente 1.500 excombatientes que residen allí”. De otra parte, la magistrada Linares señaló que, respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por los comparecientes que hicieron parte de las Farc, la verificación de los mismos le corresponde a varias entidades del Estado. “A la JEP, que es un órgano judicial, le corresponden los asuntos propios de sede judicial, centrados en torno a los compromisos con la verdad plena, la no repetición y la reparación de integral de las víctimas", sentenció.

La Magistrada también señaló que cualquier noticia sobre posibles delitos cometidos con posterioridad al 1 de diciembre de 2016 por parte de personas desmovilizadas de las Farc que se hayan acogido a la JEP, es competencia de la Fiscalía General de la Nación, incluyendo la recepción de denuncias y la investigación de oficio. El auto recuerda que los temas de policía y orden público son competencia del Ejecutivo, quien es el encargado de garantizar la vigencia del Estado Social de Derecho en todo el territorio nacional. Asimismo, dijo que la verificación de las condiciones de reintegración también son una responsabilidad compartida entre varias entidades, además de la JEP. Apuntó que para la verificación integral del cumplimiento del Acuerdo Final existen órganos como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final y el Consejo Nacional de Reincorporación y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Finalmente, afirmó que la Misión de Verificación de Naciones Unidas también cumple labores importantes de mediación y verificación, que son claves en un posconflicto. Como lo ha publicado EL NUEVO SIGLO, el gobierno de Iván Duque, que ha prometido modificar el pacto por considerarlo indulgente con los exguerrilleros, también ha pedido explicaciones por las ausencias a los jefes guerrilleros. La JEP llamó entre otros a Luciano Marín (Iván Márquez) y Hernán Velásquez (el Paisa), de quienes se desconoce su paradero y situación. Márquez renunció a su escaño como senador, que le reservaba el acuerdo, alegando "desfiguración" del pacto suscrito en 2016. Versiones de prensa han apuntado a supuestas incorporaciones de los excomandantes a las disidencias de la exguerrilla o a huidas a Venezuela. Esto ha sido negado por los líderes del partido Farc, quienes a su vez han pedido a los líderes desaparecidos que esclarezcan su situación.

También fueron convocados Henry Castellanos (Romaña) y José Benito Cabrera (Fabián Ramírez), quienes esta semana reiteraron su compromiso con lo pactado luego de días de desaparición. Linares explicó que en caso de que los comparecientes de las Farc no respondan a la notificación podrían ser sancionados por incurrir en incumplimientos en sus compromisos adoptados con la JEP. El pacto de paz que dio origen a la JEP prevé otorgar penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia, sean guerrilleros o militares. El partido Farc ha reclamado con insistencia incumplimientos estatales de lo acordado en Cuba. Entre ellos los recursos prometidos para la reincorporación de los exguerrilleros y garantías de seguridad.

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