La república. “Cada que se trata de salvar la educación pública, la ahogamos más”, Dolly Montoya

16.10.18 4

Estudiantes marcharon para solicitar al gobierno más recursos Las calles de las principales ciudades del país resonaron al son de las marchas de los estudiantes de las universidades públicas, quienes reclamaron al Gobierno recursos para subsanar un déficit de $434.874 millones y un desfinanciamiento de $15 billones. El origen de este vacío presupuestal proviene de la Ley 30 de 1992, la cual estableció los incrementos anuales para la educación superior del país. Sin embargo, el aumento en la cobertura, que en los últimos 25 años ha sido de 308%, le tomó ventaja al presupuesto.

Esto ha generado que los aportes estatales por estudiante se hayan reducido 43% al comparar los montos de 1993 ($8,91 millones por 152.698 estudiantes), con las actuales ($5,13 millones por 623.367 estudiantes), de acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (ACREES). “La Ley 30 especifica que el presupuesto de las universidades debe aumentar mínimo el IPC, a veces crece un poco más, pero ese piso se convirtió en un techo, mientras que las universidades aumentan la cobertura como parte de sus estándares de calidad”, asegura Diego Cortés Valencia, investigador miembro de Acrees y encargado de elaborar estas estimaciones.

Si bien esta tendencia se ha revertido en algunos años, la brecha se ha acrecentado al punto que en el presupuesto general del sector educación para 2018, el cual fue de $35,4 billones, solo se destinaron a la universidad publicas cerca del 10% ($3,6 billones). Ante esta situación, diferentes voces del sector educativo han elevado sus peticiones al Gobierno para solicitar, más que salvavidas, soluciones de fondo para financiar la educación superior colombiana. “La cobertura en las universidades se ha ampliado gracias a recursos propios. Estamos con la misma plata, los mismos profesores, y nos siguen pidiendo más”, asegura Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional, quien recientemente presentó una propuesta para modificar la normativa actual, para que se contemple la educación como una política de Estado y no del gobierno de turno.

“Cada gobierno hace un programa y no se calcula la sostenibilidad en el tiempo, cada que se trata de salvar la educación pública, la ahogamos más”, asegura Montoya. Por ello, la propuesta de la rectora de la Nacional se basa en que se aseguren recursos suficientes en el Plan de Desarrollo, y que se ajusten los artículos 86 y 87 de la Ley 30, de modo que el incremento anual “sea mínimo de 4 puntos porcentuales sobre la inflación y que desde 2019 se haga un ajuste de 10% al aporte que reciben las universidades públicas del Ministerio de Educación. Al igual que Montoya, quien pidió al Ministerio de Hacienda $60.000 millones para terminar el año, desde la U. Pedagógica, Leonardo Fabio Martínez, rector de la institución, solicitó al Gobierno $10.422 millones. Por otro lado, Édgar Varela Barrios, rector de la U. del Valle, también expresó su preocupación, y solicitó al Gobierno garantizar “los recursos incluidos por la anterior administración en la Reforma Tributaria para la educación superior pública y que a la fecha no han sido desembolsados”.

Gobierno dice que presupuesto actual es el más alto. Pese a que el paro estudiantil se anunció hace varias semanas, el Gobierno no se pronunció hasta horas antes de las marchas. El presidente Iván Duque comentó ante la Asamblea de Afiliados de la Cámara de Comercio de Bogotá su preocupación por la situación, y aseguró que actualmente “los colombianos tenemos el más alto presupuesto en la educación que haya visto nuestro país”. El presidente dijo conocer la preocupación de los jóvenes y aseguró que el próximo año habrá gratuidad para 80.000 estudiantes lo cual ayuda a solucionar la situación en cierta medida.

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