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El Nuevo Siglo. Corte constitucional pone líneas rojas al Fast Track.

14.12.16 1

Se mantiene, pues, el debate en torno a si es posible o no desconocer la voluntad popular por vía de la representación parlamentaria.

La Corte Constitucional, a través de su presidenta, María Victoria Calle, dejó en claro en la rueda de prensa para explicar la exequibilidad de la vía rápida (fast track) que el artículo 5, del Acto Legislativo, que lo ataba al resultado de la refrendación popular, sigue vivo. La máxima corporación constitucional se pronunció de fondo, única y exclusivamente, en torno a los artículos primero y segundo del Acto legislativo que permiten la llamada vía rápida para la implementación del Acuerdo del Colón, pero hizo caso omiso a las solicitudes gubernamentales de cambiar la vigencia y quitar "el candado" de la refrendación popular. Con respecto a la refrendación indirecta, en el Congreso, la Corporación se abstuvo de pronunciarse sobre su legalidad. Indicó la magistrada Calle, sin embargo, que tanto la refrendación popular, por voluntad del constituyente primario, como la refrendación indirecta, por vía de la representación parlamentaria,  tiene que verse como un proceso y, por lo tanto, la segunda tiene que darse, en caso tal, con base en la primera.

En tal sentido, la refrendación indirecta en el Congreso  tiene que respetar, interpretar y desarrollar de buena fe los resultados plebiscitarios y generar un escenario de mayores búsquedas de consenso. De tal modo la Corte señala que, actuando el Congreso como una expresión libre y deliberativa, revestida de legitimidad democrática para la refrendación indirecta, tiene para ello que revisar y aceptar al menos cuatro principios que ese Alto Tribunal puso hoy a consideración, en su carácter de máximo órgano interpretativo de la Carta Magna: 1) ¿Hubo o no refrendación popular directa y cuáles fueron sus resultados? 2)  Esos resultados deben ser respetados, interpretados y desarrollados de buena fe en un escenario de mayores búsquedas de consenso 3) Si con base en lo anterior se cumplió el mandato popular y 4) Revisar si se necesita una nueva refrendación popular y el uso de instrumentos de participación ciudadana en aspectos concretos posteriores.

Como se sabe, el Congreso recurrió a una simple proposición para producir la refrendación indirecta. Sobre ello, la magistrada Calle expresó a EL NUEVO SIGLO que la Corte Constitucional aún no ha recibido ninguna demanda al respecto y que de producirse, se pronunciarían en su momento. En todo caso, la Corte Constitucional dejó vigente la refrendación popular como base del Acto Legislativo,  por no estar demandado este artículo, haciendo caso omiso así de la propuesta gubernamental en la que se pedía revisar el fast track en todos sus artículos y bajo la integración de materia. Es decir que mantuvo la posibilidad de recurrir a nuevos instrumentos de participación ciudadana. De esta manera, la Corte Constitucional no sentó doctrina sobre la materia y dejó el balón en manos del Congreso, sin avalar sus decisiones. Se mantiene, pues, el debate en torno a si es posible o no desconocer la voluntad popular por vía de la representación parlamentaria. De hecho, el Acto Legislativo quedó exactamente en los mismos términos en los que había sido expedido hace seis meses. Y se mantiene la cláusula intacta de la refrendación popular como salvaguarda para utilizar el llamado fast track.

Por lo tanto se mantiene el debate de si la renegociación del Acuerdo del Colón tuvo el consenso adecuado entre los voceros del No y del Sí y se cumplió el mandato popular expresado en la consulta. Igualmente, se mantiene la polémica sobre si una simple proposición en el Congreso es suficiente para cimentar una paz estable y duradera. Y, tercero, si el Ejecutivo y el Legislativo van a hacer uso del denominado fast track, sin que la Corte haya dado un aval contundente al respecto. En el comunicado expedido por la Corte Constitucional sobre el fallo queda claro los condicionamientos que se requieren cumplir para considerar que el fast track es aplicable, atado al concepto de refrendación popular.

Estos son los apartes pertinentes de la decisión del Alto Tribunal:

"La Corte descartó la integración al juicio de normas no demandadas, por cuanto no se cumplían las condiciones jurídicas para ello. Limitó entonces su pronunciamiento de  constitucionalidad a los artículos 1º, en su encabezado y literal f), y 2 (parcial) del Acto legislativo. Aunque el artículo 5º no fue demandado, ni procedía su enjuiciamiento por integración, la Sala consideró necesario interpretarlo, en tanto define las condiciones de vigencia integral del Acto Legislativo 1 de 2016, y determina el contexto en el cual deben entenderse las normas acusadas. Según el artículo 5º referido, el procedimiento legislativo especial previsto en el Acto Legislativo, así como sus demás previsiones, solo entran en vigencia a partir de la “refrendación popular” del acuerdo final. Si bien el orden jurídico no da una definición expresa y cerrada de lo que debe entenderse por refrendación popular,  tras una interpretación fundada en todos los elementos constitucionales relevantes, la  Corporación concluyó que la refrendación popular debe ser definida dentro del siguiente  marco conceptual.

La refrendación popular que ponga en vigencia el Acto Legislativo 1 de 2016 debe ser (i)  un proceso  (ii) en el cual haya participación ciudadana directa, (iii) cuyos resultados deben ser respetados, interpretados y desarrollados de buena fe, en un escenario de búsqueda de mayores consensos, (iv)  proceso que puede concluir en virtud de la decisión libre y deliberativa de un órgano revestido de autoridad democrática, (v) sin perjuicio de ulteriores espacios posibles de intervención ciudadana que garanticen una paz “estable y duradera”. Según lo anterior, puede haber refrendación popular con participación ciudadana previa, caso en el cual se le reconoce poder al pueblo para ordenar la readecuación de lo específicamente sometido a su consideración, aunque tras la expresión ciudadana es  legítimo que el proceso continúe y concluya en virtud de las competencias de una o más autoridades instituidas que le pongan fin.

Cuando una autoridad de esta naturaleza (que puede ser el Congreso de la República) decida conforme a los anteriores principios que el acuerdo final surtió un proceso de refrendación popular, el Acto Legislativo 1 de 2016 entrará en vigencia, sin perjuicio del control constitucional posterior que tendrá lugar cuando los actos especiales respectivos  surtan su revisión ante la Corte. El hecho de que esta decisión fije los principios para interpretar la entrada en vigencia del Acto Legislativo, pero no establezca si se verifican o no, se debe a que para asumir competencias de control sobre el citado acto reformatorio basta con que haya sido promulgado y tenga vocación de entrar en vigor, mas no que además se encuentre vigente."

La magistrada María Victoria Calle, Presidenta de la Corporación,  insistió en que la Corte se refirió solo a las disposiciones demandas en este caso que eran el artículo 1, sobre el 'Fast track'; y el 2, sobre las facultades especiales entregadas a Presidente de la República. En ese sentido, cursan otras dos demandas que están dirigidas contra todo el acto legislativo y en contra del artículo 5, que habla en especial de la vigencia. La votación fue de 8 a 1 (Luis Guillermo Guerrero), con tres salvamentos parciales de voto (Alberto Rojas, Jorge Iván Palacio y Gloria Ortíz).


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