El colombiano. Las rutas del narcotráfico que están dejando las Farc las ocupan otros actores ilegales.

01.03.17 6

Calculan en más de 2000 las organizaciones delincuenciales en Colombia.

La salida del grueso de las Farc del conflicto, un poderoso jugador de la ilegalidad en todas sus manifestaciones, obliga al Gobierno y sus Fuerzas Armadas a fortalecer la estrategia de control de los corredores de movilidad frecuentados por esta y otras estructuras criminales del país. De lo contrario, se cumplirá sin reversa la máxima: lo que está vacío tiende a llenarse. La salida de las Farc de la escena de la confrontación les abre las puertas a 2.005 organizaciones delincuenciales hoy activas en el territorio nacional y a las mismas disidencias subversivas.

Un amplio informe dominical de EL COLOMBIANO mostró en detalle las lógicas, los actores y los trazados de algunas de las rutas de trasiego de fenómenos como la minería ilegal, el tráfico de armas, el narcotráfico nacional e internacional, el contrabando y el movimiento de insumos de estas “locomotoras criminales”, además del reciente y creciente tráfico de inmigrantes. Colombia se adentra en el que puede ser el capítulo de la desactivación, o por lo menos disminución, de esas empresas delincuenciales o puede asistir al endurecimiento de una cadena de ilegalidad que, por supuesto, genera enormes daños sociales y desgastes institucionales en todo nivel. Este enorme engranaje está enganchado a otro de los males mayores: la corrupción. Se trata de un “hermanamiento” obvio y desastroso para el tejido comunitario y la cultura ciudadana. Si esas rutas, con los convoyes criminales que les son propios, se afianzan y amplían, el augurio es de tiempos complejos y difíciles.

Lo menos alentador es que la estructura actual de la Fuerza Pública y sus planes a corto y mediano plazo afrontan una transición algo frágil: los analistas consultados por este diario señalan que las tropas oficiales aún están ocupadas en el desmonte de las Farc, que la “redensificación” de los cultivos ilícitos es inocultable, que la reducción del presupuesto de Defensa en un 40 % implica limitaciones (incluso tecnológicas) y que las dificultades para cubrir áreas gigantescas e inhóspitas son aún fichas a favor del crimen. Esos factores juegan en contra. No hay que olvidar que las Farc atravesaban en los últimos 15 años, de punta a punta, el mapa de la criminalidad, en la extensión de sus geografías y prácticas: minería, narcóticos, armas, inmigrantes, contrabando, combustibles piratas... Eso significa que hay un gran botín que se quedará sin el “patronazgo” de esa guerrilla y que sus corredores quedarán a expensas de los demás actores del conflicto y la criminalidad. ¿Quién llegará primero, el Estado o las bandas?

Es la pregunta que hay que plantearle a un Gobierno que está teniendo tantos problemas apenas en la fase de concentración de las Farc. Basta el ejemplo de Tumaco, donde se denuncia que hay 300 milicianos por fuera de los campamentos y del desarme. Antioquia está en el eje de estas empresas ilícitas. Conectado con el Paramillo y sus tres serranías, con el Atrato (desde el Golfo de Urabá hasta Vigía del Fuerte), y con las salidas desde el Nordeste y Bajo Cauca a la Costa Atlántica y los corredores a Venezuela. Ello con el Valle de Aburrá expuesto y vulnerable, históricamente, a tales economías y actores. En un país de fronteras porosas y de costas desatendidas, en el momento actual de una economía mafiosa fortalecida por el precio del dólar y el aumento de los cultivos ilícitos, sería irresponsable e ingenuo no dar la alerta. Es el Gobierno Nacional el que está obligado a ofrecer respuestas, que se antojan inmediatas. 

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