Las promesas incumplidas y la revocatoria del mandato.

 

Se posesionaron los nuevos alcaldes y gobernadores y designaron a sus colaboradores. Ese debería ser el comienzo del cambio. Y ocurrirá en algunas regiones donde por suerte los alcaldes son escogidos de manera independiente por los ciudadanos, sin el rótulo de una camarilla. Pero en otros territorios las cosas seguirán igual: malas administraciones y resultados catastróficos, con cientos de investigaciones y denuncias por pérdida de recursos públicos o indebida contratación. La pregunta que nos hacemos es por qué las cosas tienen que ser así y por qué no hay un instrumento legal que permita separar de manera inmediata a los malos gobernantes. Algunos dirán que Colombia es un Estado de derecho y que debe garantizarse el debido proceso. Y claro nosotros decimos estamos de acuerdo, pero si la gente elegida respetara el Estado de derecho no quebrantaría la ley y eso daría más tranquilidad a todos. Es decir, que los gobernantes fueran un ejemplo de pulcritud y eficiencia.

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Pero lo más grave es que una gran distancia va de lo ideal a la realidad. Los contralores que pueden pedir la suspensión verdad sabida y buena fe guardada de los funcionarios que se apropien de los recursos públicos o los dilapiden deben ser escogidos por concurso público y dichos trámites quedaron en manos de personas irresponsables que, con el fin de mantener amarrados los puestos y los contratos, no inician y terminan la escogencia con celeridad y transparencia. En algunas regiones los concursos de méritos fueron encargados a entidades sin idoneidad  y en otras hay más de cien investigaciones por violación de las disposiciones que determinaron tal requisito de escogencia. Y si se tramita un concurso, lo ha dicho la Corte Constitucional en varias sentencias, las calificaciones de mayor a menor deberían señalar puestos para los concursantes y nombrarse al mejor que debe ser el que obtenga más puntaje, pero no, eso no es obligatorio. Entonces, para qué concurso.

El tiempo dirá si el país sigue en el camino de las promesas incumplidas, por donde nos hemos movido a lo largo de nuestra historia republicana. Porque las promesas que se hacen nadie está obligado a cumplirlas y lo más grave, nadie exige responsabilidades porque no existe un organismo que haga respetar la voluntad popular. Tenemos que esperar 4 años para concluir que fuimos engañados nuevamente por el mandatario de turno.

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Las promesas son de diferente clase. La primera y más recurrente es hacer una campaña dentro de las reglas de la decencia, con el argumento de que no se pondrá espejo retrovisor y que será la Fiscalía y los organismos de control los encargados de establecer la verdad e imponer las sanciones. Pero no, lo primero que hace el mandatario que se posesiona es manifestar el caos que encontró y la necesidad de que todo vuelva a empezar como el primer día de la creación. O sea, cada servidor que asume el nuevo cargo cree que su administración es y será la mejor de todos los tiempos. En esa actitud está el primer error y el que más caro se pagará a nivel de relaciones con los demás partidos o grupos organizados y los medios de comunicación.  La otra promesa, que es la continuidad de los incumplimientos es proponer un cambio en la tributación, a pesar de que durante toda la campaña se estuvo afirmando que en vez de nuevos impuestos se iba a generar ahorro y austeridad. Pero esa promesa se vuelve vana y estando en el poder ya nada importa, el servidor necesita plata para adjudicar contratos y vincular a sus amigos a la nómina, lo demás no interesa.

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Otra promesa incumplida es la de mantener el diálogo con el pueblo, ser administraciones de puertas abiertas, cuando en la realidad, la camarilla que apoyó al elegido es la que manda y la única que puede tomar café oficial, en los pasillos del palacio respectivo (así se llaman las sedes oficiales: palacio departamental, palacio municipal). Los gobernantes se encierran y cortan toda comunicación con los electores, grave falla que termina con el rechazo y las malas calificaciones en las encuestas de opinión. Si ese dialogo fuera fluido, directo y serio, los gobernantes podrían optar por una nueva aspiración, pero solamente en casos excepcionales se da tal oportunidad.

Pero las más mentirosas de todas las promesas son las transformaciones que se ofrecen en salud, educación y movilidad. Estos tres puntos que en todo plan de desarrollo deberían ser prioritarios se relajan de manera insólita y las ciudades terminan siendo un ejemplo de “paseo de la muerte”, de fracaso en las pruebas que legitiman los niveles de escolaridad y en caos vial. Al final nos damos cuenta que la mayoría de las administraciones se fueron en promesas, solo promesas, y que la mayoría fueron promesas incumplidas. Y ¿para qué sirve la revocatoria del mandato?; la respuesta es para nada, porque de casi 50 revocatorias que se han intentado en Colombia, ninguna ha prosperado porque es muy difícil sacar de su puesto a un Alcalde o Gobernador que reparte plata del presupuesto público como si fuera plata de bolsillo. Por eso nuestra desgracia es que somos felices a pesar de la ilegalidad y de las promesas incumplidas. 

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