El transporte público defiende su legalidad.

Al llegar a esta convención, la numero treinta y nueve de ASOTRANS se respira en el país un ambiente de moderado optimismo, en especial porque los colombianos ven cada vez más cercano el fin de un conflicto que ha durado generaciones y que puede ser el punto de partida para un país más equitativo, con mejores oportunidades, con mayor educación y con ejemplar respeto por la ley y la justicia. Y ese optimismo es moderado porque también hay mucha incertidumbre sobre lo que todos llaman postconflicto, es decir si bien hay esperanza de que la paz traiga consigo bienestar también hay dudas en  que el Estado pueda garantizar  los niveles de convivencia que generen confianza a todos los sectores, con protección de la vida y los derechos humanos, con participación democrática y con presencia de la inversión social en toda la geografía nacional.

 

  Por tal razón llegamos los transportadores con el lema de defender la legalidad en reconocimiento a la impotencia del Estado y sus gobiernos para hacer cumplir la ley por igual a todos sus gobernados. Suena irónico que sea un sector tan democratizado en su composición el que le exija a un gobierno hacer cumplir la ley, y en especial que castigue al que no lo haga. Ya lo veníamos anunciando con anterioridad, el propósito del transporte formal es el de declarar que está dispuesto a cumplir los cada vez más agobiantes requisitos legales  exigidos para poder prestar el servicio público de transporte, solo sí, el Estado garantiza que quien incumpla, no se le permitirá acceder al mercado de usuarios del transporte público.

 

Es decir que debe haber un compromiso vertical y vehemente de los funcionaros estatales para declarar el fin de la ilegalidad, en todas las actuaciones de los ciudadanos y en especial en el transporte. Practicas como la del mototaxismo, la del carro particular prestando el servicio, el taxi haciendo colectivo, servicios de una modalidad entrando en la competencia de otra, aplicaciones tecnológicas de empresas que no tienen habilitación, etc., deben ser desplazadas de plano del escenario del transporte en Colombia. De lo contrario el Estado debe reconocer su incapacidad para hacer cumplir las normas y declarar libertad, sin requisitos para nadie, ni regulaciones, ni impuestos y así cualquiera en igualdad de oportunidades podría ofrecer el servicio de transporte.

 

Llegamos a este encuentro anual de ASOTRANS muy golpeados económicamente y en muchas partes del país tenemos inversionistas y empresarios retirados por la vía de la quiebra y de la crisis provocada por la competencia del ilegal. Repetimos que no soportamos un requisito más, un gravamen más y menos esa indiferencia de los gobiernos frente a la problemática del sector y a su falta de voluntad política para combatir la ilegalidad.

 

Creemos en una Colombia en paz, pero reclamamos igualdad ante la ley, los transportadores, sus empresas, sus inversionistas, sus conductores, sus trabajadores, las familias de todos, defendemos el cumplimiento de la ley como presupuesto fundamental para construir nación justa, para tener un país viable, para seguir aportando al crecimiento de una manera honesta y legítima. Con este mensaje abrimos esta convención de  ASOTRANS y esperamos que todo el que tenga una habilitación legal para ofrecer el servicio de transporte, nos acompañe y levante su voz, para que  todo lo que hacemos a diario por cumplir las normas  merezca el respeto de una sociedad y su gobierno.

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presidente
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40años